Atando cabos en los puertos

La guerra ha estallado en los puertos españoles dos años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunciara, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2014, el régimen de monopolio que en nuestros puertos disfruta el sector de la estiba (carga y descarga de las mercancías que trasportan los barcos). Concretamente, la Comisión Europea dice que la situación actual atenta contra el principio de libertad de establecimiento reconocido en el artículo 49 del Tratado.

En España, los estibadores (que representan el 51% de todos los empleados portuarios) son seleccionados, formados y gestionados por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores (SAGEP) que ceden sus trabajadores a los diferentes puertos españoles. Las SAGEP están amparadas por la Ley de Puertos en régimen de monopolio. Es decir, es la única forma que un puerto tiene para contratar operarios portuarios. Desde esa posición privilegiada, las condiciones de contratación se fijan en acuerdos y convenios pactados entre las Autoridades Portuarias y el sindicato mayoritario, la Coordinadora de Trabajadores del Mar: turnos de trabajo de 6 horas, formación arbitraria de equipos y salarios superiores a la media española. Entre primas y pluses de toxicidad y peligrosidad, el sueldo bruto medio anual de un estibador supera los 65.000 euros anuales.

Un equipo de estibadores o mano -grupo asociado a una grúa-, está formado por entre 8 y 14 trabajadores, desde el capataz, el anotador y el amantero, pasando por el gruista y varios peones, dependiendo de si es carga o descarga de contenedores. La contratación de un equipo se hace por barco, no por compañía, a menos que se pague un plus. Este sistema de organización del trabajo ha hecho que, en algunos puertos, los estibadores lleguen a cobrar entre 80 y 110 mil euros anuales. Un despropósito si se tiene en cuenta que algunas funciones hoy carecen de sentido y podrían ser sustituidos por innovaciones tecnológicas (sensores o tecnología OCR -Reconocimiento Óptico de Contenedores-) o que el sueldo medio de otros trabajadores del puerto es de unos 50.000 euros. El tema recuerda al caso -y sobre todo al sueldo- de los controladores aéreos en 2010.

A raíz de la sentencia, la UE ordenó al Gobierno de Rajoy que liberalizara la estiba, modernizando y reformando un sector que, en España, cuenta con más de 6.000 empleados que se agrupan en torno a un registro que hace las veces de colegio profesional y trabajan en condiciones de monopolio, por tanto, de privilegios. Ambas cosas, según Bruselas, son ilegales.

Ante la exigencia europea, y para evitar multas, el Gobierno preparó un Real Decreto que contemplaba el final del monopolio, la liquidación de las SAGEP y del registro de estibadores, la exigencia de una titulación de FP y la posibilidad de crear empresas de servicios de estiba que funcionen como ETT, lo que permitiría a los puertos contratar libremente. El Gobierno quería cumplir así con las exigencias de Bruselas, implantando la libre competencia en la estiba española.

Durante el mes de febrero, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió varias veces con los sindicatos para trasladarles su propuesta de reforma de la Ley de Puertos pero, como era de esperar, los estibadores -que lo interpretan como una pérdida de sus derechos- se levantaron en armas: insistiendo en el registro, rechazando la reforma y amenazando con ir a la huelga.

El Real Decreto fue aprobado en Consejo de Ministros el 24 de febrero pero no consiguió la convalidación en el Congreso. La reforma legal se paró, se desconvocaron las huelgas previstas y las partes -Gobierno, patronal y sindicatos- se sentaron a negociar.

Según la patronal ANESCO (Asociación Nacional de empresas de Estibadores y Consignatarias de Buques), las plantillas actuales están sobredimensionadas y provocan unos sobrecostes que llegan a los 280 millones de euros. Por todo ello, y aprovechando la coyuntura, se pretende reducir los costes de la estiba en un 30% y aplicar un plan de prejubilaciones para recortar la plantilla en un 10%. En definitiva, tener el control que hasta ahora no han tenido y poder contratar los equipos por compañías, no por barcos, como ahora obligan las SAGEP, además de implantar nuevas tecnologías para ganar competitividad frente a otros puertos.

Estas pretensiones lo enfrentaron a los sindicatos aunque, finalmente, y gracias a la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, se ha llegado a un acuerdo para hacer frente común al Gobierno a quien toca convencer ahora de que el plan permite mantener el cien por cien del empleo, mejorar la competitividad y un plan de ayudas extraordinario para facilitar la modernidad del sector. Sólo hay una pega, según el ministro de Fomento: realizar ese acuerdo costará 2.415 millones de euros.

Las tres partes están condenadas a entenderse. La estiba es un sector vital para los puertos y la economía española. El negocio de la importación y exportación de mercancías por vía marítima mueve 200.000 millones de euros anuales (un 20% del PIB). Modernizar la estiba española es una exigencia europea y hay que solucionarlo urgentemente.

Autora: Elvira Calvo (3 abril 2017)

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