Demasiado grande para quebrar (encarcelar)17/01/2013 | FxM – Hugo Vázquez
Reconociendo la tendencia del ser humano a anteponer el beneficio inmediato, individual y familiar, al colectivo y de largo alcance, desde la antigüedad todas las culturas han establecido reglas que aseguren el bien del grupo para lograr su supervivencia, aunque ese grupo fuera sólo la clase gobernante (Homero en La Odisea utiliza la metáfora del Canto de las Sirenas para referirse a los medios para controlar los impulsos internos que nos llevan a la destrucción). Todas las religiones tocan este tema en sus escritos y las constituciones de los estados modernos suelen declarar en su preámbulo la búsqueda del bien común. Con el desarrollo de las instituciones bancarias y su conversión a instituciones financieras, se ha pasado de la responsabilidad limitada a los dueños de los bancos (si el banco quebraba, ellos también quebraban) a repartir o compartir esa responsabilidad con el conjunto de la sociedad, vía apoyo gubernamental y/o los rescates bancarios. Después de la crisis de 1929 el gobierno de EE. UU. estableció la ley Glass-Steagall para limitar el tamaño y, por ende, el efecto negativo que una quiebra bancaria pudiera tener sobre el conjunto de la economía. Sin embargo, el exceso de confianza derivado de una larga bonanza económica en los países más desarrollados y la presión de los grupos bancarios y financieros hicieron que se relajaran las restricciones para la interacción de estos últimos. Esto creó con ello grupos financieros con un poder económico comparable a algunos estados soberanos; lo que ha resultado en lo que ahora se conoce como grupos financieros demasiado grandes para (dejarlos) quebrar por el riesgo sistémico inherente. La reglamentación financiera que ha salido de Basilea no ha logrado hacer que las instituciones financieras sean sólidas y solventes, y en lugar de simplificar la normativa para hacerla más fácil de aplicar, van en la dirección contraria. Cerrar la puerta al comportamiento no ético del personal de las instituciones financieras, y por ende de las instituciones mismas, que buscan y encuentran cualquier hueco en la ley para aumentar su resultado es una tarea compleja y, al parecer, perenne. Durante 2012 se les impusieron multas de miles de millones de dólares a grandes instituciones financieras que han incurrido en comportamiento ya no poco ético sino criminal al haber lavado dinero de cárteles de droga o de organizaciones terroristas, o que manipularon el índice Libor; existe también el caso del aprovechamiento de la asimetría de la información que está en la base de la venta de productos financieros no aptos para pequeños inversionistas a través de la banca minorista. Es aventurado suponer que el personal de dichas instituciones financieras considere, antes de embarcarse en estas operaciones, los pros y contras de dichos comportamientos y crea que vale la pena correr el riesgo de ser descubiertos sabiendo que la multa será menor a las ganancias que proporcionan actividades que rozan o traspasan el límite de lo lícito. Más bien puede pensarse que se ha descuidado el control interno o hay que hacerlo más estricto e inde El tamaño y la influencia de las instituciones financieras que se han visto inmiscuidas en estos escándalos han llevado al New York Times a decir que: “Imponer cargos criminales pudiera poner en riesgo la estabilidad de uno de los bancos más grandes del mundo y con ello desestabilizar nuevamente el sistema financiero mundial”. El mismo periódico cita a Simon Johnson (profesor del MIT y anteriormente miembro del IMF) diciendo que se ha pasado del “Too big to fail al Too big to jail”; aunque Johnson aplicaba esta frase al caso del fraude en ejecuciones hipotecarias en EE. UU. Incluso la revista Rolling Stone ha dicho que: “…la guerra contra las drogas es un broma…” al referirse al acuerdo extra-judicial que logró el HSBC por el lavado de dinero de un cártel de drogas. La regulación bancaria puede buscar evitar otra crisis financiera aumentando los fondos de garantías de depósitos, pero también debe tomar en cuenta los argumentos a favor de hacer totalmente responsables de su destino a las instituciones financieras y hacerles saber que no habrá rescate en caso de quiebra, que sus directivos deberán esperar a ver el resultado de sus proyectos para poder disfrutar de los beneficios, y que cualquier comportamiento que infrinja la ley será castigado sin tener en cuenta el tamaño sistémico. Quizás haya no solo que evitar el “too big to fail” sino también, el “too big to jail”. |
