José Antonio Gutiérrez Sebares es coordinador del Archivo Histórico Banco Santander e investigador en Historia financiera y bancaria. Es autor de diversas monografías y artículos sobre la historia de la banca española y los mercados de valores locales en los siglos XIX y XX. Actualmente estudia el impacto de la banca y finanzas públicas en el modelo colonial español del siglo XIX.
Deuda y orden internacional en la historia
El siglo XX
El nuevo siglo continuó la tendencia del anterior e intensificó la presencia de ese “ahorro político” en los mercados internacionales de capitales. El crédito que bancos franceses concedieron al gobierno serbio en 1906—hasta entonces un cliente político y financiero del Imperio Austro-Húngaro—marcó el acercamiento definitivo del país balcánico a la alianza militar franco-rusa. En términos históricos, puede decirse que lo que el empréstito francés dio inicio concluyó ocho años más tarde en una calle de Sarajevo con el asesinato del heredero al trono austro-húngaro que llevó al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La guerra fue financiada mediante mecanismos inflacionistas especialmente en los Imperios Centrales, mientras que los países aliados (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Italia y Serbia, entre otros) recurrieron en gran medida al crédito ofrecido por unos Estados Unidos de Norteamérica, que mantuvieron su neutralidad hasta 1917. Precisamente la posición acreedora de Estados Unidos respecto a estos países aliados en el momento más crítico de la guerra para ellos fue una razón determinante para que Washington se decidiera a declararse beligerante a su favor con el envío de una fuerza expedicionaria a Europa. Sin duda, a la hora de tomar esta decisión fue la financiera una razón de mucho más peso para el gobierno norteamericano que los efectos de la guerra submarina practicada por Alemania—el hundimiento del trasatlántico Lusitania, tomado como excusa para la declaración de guerra, se había producido dos años antes, en 1915—o el célebre telegrama Zimmermann, que desvelaba los planes alemanes de apoyo a México en un guerra contra su vecino del Norte si intervenía en la contienda mundial del lado de los Imperios Centrales.
El final de la contienda también mostró que el significado de los vínculos financieros tenía una lectura política no sólo en el momento de su constitución y mantenimiento. También en el de su disolución. El repudio soviético de toda la deuda externa contraída por los gobiernos del zar—no sólo las deudas ferroviarias que arrancaban del siglo XIX, sino también las emitidas a raíz de la derrota sufrida ante Japón en 1905—castigó duramente a sus acreedores, especialmente franceses, y no es un motivo que pueda obviarse a la hora de explicar la intervención extranjera en la Guerra Civil Rusa (1918-1921) y el aislamiento diplomático y comercial de la Unión Soviética hasta bien entrada la década de 1930. Caso distinto lo constituyó Alemania, el otro gran paria diplomático del período de entreguerras, cuya aceptación de la enorme carga financiera constituida por las reparaciones de guerra incluidas en el Tratado de Versalles representaba no el vínculo entre un patrón y un cliente, sino el de vencedores y vencidos en una larga y costosa contienda. Una vez que quedaron en evidencia los problemas de Alemania para hacer frente a las reparaciones de guerra, los distintos planes patrocinados por Estados Unidos—el Plan Dawes de 1924 o el Plan Young de 1929—para facilitar a las potencias vencedoras su cobro sin destruir aún más la economía alemana, respondieron tanto a la resistencia alemana a cumplir con las leoninas condiciones impuestas por Gran Bretaña y—sobre todo—Francia, como al deseo norteamericano de convertirse en el mayor exportador de capitales en la década de 1920, incluidos los préstamos a Alemania. Posteriormente, las deudas extranjeras suscritas en Nueva York jugarían un papel en absoluto irrelevante durante la crisis económica desatada a partir de 1929.
El acceso al poder de los nazis en Alemania en 1933 abrió otro período de evidencia entre necesidad financiera y dominio político. Especialmente entre 1935 y 1939, Alemania compró a distintos países de la Europa Oriental y Suroriental (Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Grecia o Turquía) una gran cantidad de mercancías por encima del precio corriente en los mercados internacionales que debían ser pagadas con artículos de la industria alemana por un valor correspondiente. Estos países demoraron las respectivas compras, por lo que el saldo pasivo a favor de Alemania se convirtió en el instrumento para su sujeción a la esfera de influencia de Berlín, lo que constituía el verdadero objetivo de las operaciones.
Como ya había sucedido durante la primera, la Segunda Guerra Mundial vio un reforzamiento de vínculos financieros entre aliados. El más conocido es, probablemente, la Ley de Arriendo y Préstamo (1941) por la que los Estados Unidos remitieron hasta 1945 una gran cantidad de suministros y material de guerra al Reino Unido, China, la Unión Soviética o la Francia libre, entre otras naciones, la mayor parte de los cuales no fueron reembolsados. Por lo que se refiere a las operaciones financieras de la potencias del Eje, resulta particularmente curioso el destino de una no pequeña cantidad del oro expoliado por los nazis en la Europa ocupada, que fue adquirida indirectamente por el general Franco al Reichsbank durante la guerra para paliar la escasez de reservas auríferas del Banco de España tras el célebre episodio del “oro de Moscú”, otro caso notable de interrelación política y financiera. El problema para el gobierno español se produjo cuando, tras el fin de la contienda, los países vencedores reclamaron la devolución de ese oro como fruto del expolio nazi, impidiendo su uso durante los años más duros de la posguerra, entre 1945 y 1948. Finalmente, el gobierno de Franco sólo devolvió 101 kilos de oro de las más de 26 toneladas que le eran reclamadas, pero con la recesión de los años cincuenta todo ello terminó en mano de los bancos acreedores que lo habían tomado como garantía de los créditos españoles para adquirir en el extranjero alimentos, petróleo y equipamiento industrial.
El inicio de la Guerra Fría fue altamente responsable de que esos bancos, ingleses y norteamericanos sobre todo, mediaran en las operaciones de crédito exterior del gobierno español. Los esfuerzos que los presidentes Truman y Eisenhower realizaron para atraer a la órbita norteamericana a un gran número de países—frecuentemente incluyendo instrumentos financieros—también alcanzaron a la España de Franco. Cuando la economía española enfrentó en 1957 serios problemas para hacer frente a sus compras en el exterior debido a los desequilibrios de su balanza comercial, los Estados Unidos se ofrecieron a gestionar préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para entonces hacía ya cuatro años que el gobierno español había autorizado la instalación de bases americanas en suelo nacional.
Los Estados Unidos ya habían hecho gala en la posguerra europea de una gran capacidad para atraer y sujetar a través del crédito a sus aliados políticos en su pulso contra la Unión Soviética. No otra cosa fue entre 1947 y 1951 el European Recovery Program, más conocido como Plan Marshall, que aportó más 13.000 millones de dólares y otorgó una gran capacidad de compra a los países europeos sobre productos norteamericanos precisamente en el momento en que la economía de los Estados Unidos temía una severa contracción de la demanda tras el fin de la guerra. Una parte muy sustancial de los fondos no fue nunca devuelta, salvo en el caso especial de Alemania, que realizó pagos parciales hasta 1971. El plan tuvo efectos sobre la recuperación de las economías norteamericana y europea de posguerra cuya importancia todavía es hoy controvertida y, en el plano político, como elemento de freno al comunismo y acicate para el proceso de integración de Europa. La Organización Europea para la Cooperación Económica—más tarde Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)—fue el organismo impulsor del Plan y a su vez antecedente de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero creada en 1951, germen de lo que llegaría a ser la actual Unión Europea.
En otros continentes, la política de crédito exterior norteamericana fue notablemente menos exitosa, como sucedió en Latinoamérica durante la década de 1970, un período de gran inestabilidad política en la región con la proliferación de conflictos armados, revoluciones, golpes de Estado y dictaduras. El procesamiento de los dólares procedentes del petróleo—cuyo precio se había disparado a partir de la crisis de 1973—a través de instituciones de crédito con sede en Nueva York se canalizó hacia la América Latina produciendo una sobreabundancia de fondos prestables y un endeudamiento descontrolado por parte de los países de la zona. Cuando el precio del petróleo se estabilizó y la oferta crediticia terminó irremediablemente por estrecharse muchos de estos países se vieron imposibilitados para devolver sus créditos, produciéndose una cadena de suspensiones de pagos que abocó a la región a un largo período de crisis conocido como la Década Perdida de América Latina.
En el otro campo, en el del denominado “socialismo realmente existente”, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECOM) se constituyó como una alternativa al Plan Marshall en 1949. Sus resultados, sin embargo, fueron mucho más discutibles y los esfuerzos por organizar la producción de sus miembros devinieron a la larga ineficientes. Las políticas soviéticas para financiar indirectamente a los países de su área de influencia se realizaron en gran medida a través de las transferencias de petróleo por debajo del precio de mercado. Sin embargo, la precaria situación de la economía de muchos de estos países les obligaba a revender a los países occidentales gran parte de ese petróleo a precios reales, enjugando con la diferencia una parte de sus abultados déficits comerciales. Cuando los efectos de la Guerra de Afganistán y el desplome del precio del petróleo en la década de 1980—en parte, gracias al pacto entre Arabia Saudí y los Estados Unidos tras la amenaza de la revolución iraní—pusieron a la economía soviética contra las cuerdas, debiendo recurrir a las cuentas corrientes de sus ciudadanos como involuntaria garantía de los créditos suscritos en el exterior, la situación se volvió insostenible y la Unión Soviética cerró el grifo de la financiación a los miembros del COMECOM, lo que terminó por suponer la liquidación política de su área de influencia a partir de 1989.
La Unión Europea, como concreción actual de esfuerzos de integración de países y zonas económicas muy diversas que arrancan—como hemos visto—de la segunda posguerra europea, es también heredera de muchos de esos mecanismos más o menos indirectos de financiación que no dejan de suponer relaciones de poder político entre sus miembros. Los célebres y celebrados Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión han sido un medio para atenuar las grandes diferencias económicas entre las distintas regiones de la Unión pero, al igual que el Plan Marshall en su momento, también fueron un potente motor que tiró de la demanda de productos industriales de los países prestatarios. La producción subvencionada de la Política Agraria Común, que arranca de 1962, no deja de traer a la mente reminiscencias del precio fuera de mercado del petróleo soviético para amigos políticos, y su institución habría sido muy diferente de no ser por el gran peso político de Francia y su sector agrícola. Por último, la introducción de la moneda única y la ausencia de una fiscalidad común para los países de la Unión han terminado de hecho por ahondar en los fuertes desequilibrios económicos entre el Norte y el Sur de Europa.
Tsipras tal vez pueda invocar las reparaciones de guerra que los alemanes no abonaron a Grecia tras la derrota de 1945, o quejarse de que la política de tipos reales negativos que el Banco Central Europeo, presionado por Berlín, adoptó a partir de 2001 fue muy oportuna para la política de reunificación una vez desmantelada la República Democrática Alemana, pero acabó formando monstruosas burbujas crediticias en la Europa mediterránea. También podría reprochar a sus acreedores que parte de los acuerdos de rescate implicara, de manera informal, la adquisición a estos mismos de cuantioso material militar para un ejército que, como el griego, consume ya una parte desproporcionada de su Producto Interior Bruto—y más considerando la situación de emergencia económica y social por la que atraviesa el país. A su vez, Alemania podrá poner sobre la mesa los sagrados deberes del deudor para con unos acreedores que ya han negociado nuevos créditos y revisado los concedidos en más benignas condiciones. Igualmente, podrá reprochar al gobierno griego las trampas para unirse al club de la moneda única europea—con interesado desconocimiento formal de sus socios, eso sí—las escasas reformas abordadas desde Atenas para relanzar la competitividad de su economía o su débil lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Todos estos argumentos, ya esgrimidos por ambas partes en incontables ocasiones, volverán a enunciarse en las ruedas de prensa y las editoriales de la prensa económica. La razón se cargará de uno u otro lado según quién realice el análisis, pero lo que resulta absolutamente incontrovertible es que cuando Alexis Tsipras regresó de Moscú y lo hizo con acuerdos financieros firmados—sea por créditos formales o adelantos por la participación griega en el Turkish Stream o gaseoducto del Mar Negro—con un gobierno ruso sumido en un creciente enfrentamiento con el bloque político, militar y económico liderado por Washington, bajo el brazo llevará a Atenas algo más que cifras: política de primer orden capaz de mover algunas de las piezas más importantes del tablero de juego de la geopolítica mundial. En la mejor tradición histórica del ya largo matrimonio entre deuda y orden internacional.
