El Gobierno aprueba la ley de desindexación, que desvincula desde 2014 los precios públicos del IPC

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El Gobierno aprueba la ley de desindexación, que desvincula desde 2014 los precios públicos del IPC

20/12/2013 | Europa Press – Europa Press Español

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de ley de desindexación, que desvinculará los precios de los servicios públicos del IPC a partir del 1 de enero de 2014 y creará un nuevo índice de referencia destinado, principalmente, al sector privado.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el objetivo de esta ley es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española.

En este sentido, indicó que los precios públicos, por ejemplo los derivados de contratos de servicios públicos, no se actualizarán automáticamente con el IPC, sino que la subida se hará de acuerdo con el incremento de los costes del servicio, ya que la revisión según la inflación «acarrea» una serie de «inercias» al sector privado que provocan los conocidos como “efectos de segunda ronda”.

«Si sube un precio público que forma parte de la cesta del IPC, esto provoca que a su vez suba el IPC y entonces hay que volver a subir ese precio público, con lo que acabamos con subidas que se retroalimentan las unas a las otras», subrayó Sáenz de Santamaría.

Así pues, la norma deroga cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizará según el IPC desde el 1 de enero de 2014, y los aumentos de precios deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

Pensiones y salarios, al margen
La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

La norma desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado “Índice de garantía de Competitividad”. Este índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% -el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)- y un suelo del 0%.

En el caso de los contratos de servicios públicos que ya están firmados, se elimina la retroactividad de la norma, como estaba previsto inicialmente en el anteproyecto de ley.

El Gobierno pretende fomentar el uso de este nuevo índice para que lo acabe aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Así, en el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y si no hay pacto explícito, no se realizará actualización. Por su parte, si el pacto entre las partes no especifica el índice de referencia, se utilizará el nuevo índice propuesto en la ley.

Las familias gastan al año 35.000 millones en estos servicios
Según datos del Gobierno, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros anuales, el 3,5% del pib. De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias en lo que se refiere a productos y servicios afectados por la norma sería de unos 700 millones de euros.

El Ejecutivo ya ha previsto, mediante enmienda introducida en la Ley de presupuestos de 2014, un régimen transitorio hasta que la ley esté aprobada por el Parlamento. Así, para contratos y encomiendas del sector público, se prohíbe la revisión de precios en función de un índice general y se establecerá de acuerdo con índices específicos que reflejen la evolución de los costes.

Spanish Government passes the de-indexation law, which from 2014 on separates public prices from the CPI

12/20/2013 | Europa Press – Europa Press English

The Spanish Government passed the de-indexation law on Friday, which will separate the prices of public services from the consumer Price Index beginning on January 1st, 2014 and will create a new index that is mainly for the private sector.

Following the Ministry Council meeting, the vice president, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmed that the objective of this law is to completely separate the prices that are fixed by the government for providing public services from the CPI in order to contribute to price stability and to improving competitiveness in the Spanish economy.

Furthermore, she indicated that the public prices, derivatives of public service contracts for example, will not be keep up to date with the CPI but increases will be made according to growth of the costs of the service since regulating based on inflation brings about certain “inertias” in the private sector that cause what is known as “second round effects”.

“If a public price that is included in the CPI basket goes up, this makes the CPI go up in turn and then you have to raise that public price again, so you end up with increases that feed off each other,” explained Sáenz de Santamaría.

Therefore, the law gets rid of any direct relation between prices and regulated services provided to or by the Public Administration and the CPI so that no prices will be made based on the CPI after the 1st of January, 2014 and all price increases must be justified only on the basis of the evolution of the service costs.

Pensions and salaries, on the side
The new law will not affect pensions, taxes, financial instruments or wage negotiations but will affect transport, telecommunications, energy, postal services, water, fees, fines and the prices of public contracts.

The law creates a new reference index for public and private contracts called “Competitiveness Guarantee Index”. This index will take into account the difference between inflation in Spain and inflation in the Eurozone and will be corrected against the loss of competitiveness accumulated since Spain started to use the euro (the accumulated deterioration of the differential). This new index will have a maximum of 2% -the inflation objective of the European Central Bank (ECB)- and a minimum of 0%.

For those public service contracts that are already signed, the retroactivity of this law has been removed, which was originally planned in the legislation.

The Government wants to encourage the use of the new index so that it´s also used in the private sector, given that in some economic sectors prices tend to be updated in function of the inflation rates. Also, in the private sector, the updates will only be voluntary and if there is no explicit pact between parties, an update will not be made. However, if the pact does not specifically mention an index used as a reference, this new index will be used.

Families spend 35 billion Euros per year on these services
According to a government official, household spending on regulated goods and services amounts to 7% of the total, about 35 billion euros annually or about 3.5% of Spain´s GDP. Therefore, if inflation reached 2% in a given year, the savings for families in terms of the affected products and services would reach about 700 million euros.

The government has set up a transitional period, by means of an amendment introduced in the 2014 Budget Law, until the bill is passed by parliament. Therefore, for contracts and public undertakings, price revisions will be prohibited if they are made with a general index and will be made according to some specific indexes that reflect the evolution of costs.

Copyright &copy «Europa Press«.
«Europa Press» is a trade mark of «Europa Press».
Published for Finanzas para Mortales with authorization of «Europa Press».
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