España se libra de la multa de Bruselas

El pasado día 9, los países miembros de la Unión Europea confirmaron la cancelación de la multa a España por incumplir el objetivo de déficit público estipulado por Bruselas. También a Portugal. El rumor se confirmó el pasado 27 de julio y fue un alivio para todos, especialmente para el Gobierno en funciones. De momento, Grecia (sufridora pero también perdonada) no se ha pronunciado al respecto pero se sabe que Francia e Italia -parece que Alemania también- nos apoyaron desde el principio. La baja popularidad de la Unión Europea tras el revuelo del Brexit y la falta de nuevo ejecutivo nacional han sido factores decisivos. El peculiar azote de la crisis en nuestro país y los sacrificios realizados, también. Hubiera sido una humillación en toda regla.

La Comisión Europea quiere que todos sus estados miembros tengan un déficit por debajo del 3% del PIB, tal como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), un conjunto de normas para garantizar que los países de la UE mantengan sus finanzas públicas saneadas y coordinar sus políticas presupuestarias. A pesar de los duros sacrificios que España, y los españoles, se ha visto obligada a aplicar (hemos conseguido rebajar el déficit del 10 al 5%), el año pasado no conseguimos cumplir con los objetivos marcados: gastamos más de lo que ingresamos (nosotros no; las administraciones públicas). El castigo, inminente, debía conocerse en pleno verano: una multa que podría superar los 2 millones de euros (el 0,2% del PIB). Sin embargo, y finalmente, Bruselas ha decidido “perdonarnos la vida”… a cambio de comprometernos con nuevos objetivos.

Ante la dificultad, e imposibilidad, de cumplirlo, Bruselas nos ha diseñado una nueva senda fiscal y nos ha ampliado el plazo dos años más. Este ejercicio no pagaremos ninguna multa pero, a cambio, nos comprometemos a una revisión de nuevos objetivos que, en caso de incumplirlos, traerá castigos mayores (hasta 5.500 millones de euros de multa). Al finalizar 2016, el déficit deberá alcanzar el 4,6%; en diciembre de 2017, el 3,1%; y a finales de 2018, el 2,2%. Traducido en dinero significa que será necesario realizar un ajuste de 30 mil millones de euros en 30 meses.

Además, la Comisión Europea nos exige un ajuste de los fondos estructurales y de inversión (los fondos EIE), principal herramienta de la política de inversión de la UE destinada a paliar las necesidades de la economía real (creación de empleo, aumento de la competitividad, búsqueda de nuevos mercados y mejora de las infraestructuras en sectores como la banda ancha, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones). La Comisión reclama a España un ajuste estructural del 0,5% en 2017 y del 0,5% en 2018, en total, unos 10.000 millones de euros en los dos próximos años. Presentará la propuesta de suspensión de una parte de esos fondos para 2017 después del verano. La norma estipula que se podrá congelar hasta el 50% de los compromisos de pago, que en el caso de nuestro país suman unos 1.000 millones de euros.

La pregunta que surge ahora es ¿cómo lo haremos? Bruselas nos exige “tomar medidas efectivas” que deberemos comunicar antes del 15 de octubre. Por lo tanto, una de las primeras decisiones que ha de tomar el nuevo Gobierno, cuando se forme, es validar el techo de gasto de las cuentas públicas de 2017 y pensar en cómo equilibrar ingresos y gastos. Algunos expertos ya lo vaticinan: habrá que subir los impuestos, recortar gastos públicos, evitar bienes y servicios que gozan del IVA reducido, endurecer el control del gasto en las comunidades autónomas y dotar de mayor transparencia las licitaciones públicas para favorecer la competencia. El Gobierno en funciones ha evitado una multa a cambio de un enorme tijeretazo. ¿Pan para hoy, hambre para mañana? La grave crisis ha pasado, sí, pero nos queda lidiar con las consecuencias: aún debemos apretarnos el cinturón… porque vienen curvas.

Autora: Elvira Calvo (12 agosto 2016)

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