La tan admirada transición de España a la democracia está bajo amenaza

08/12/2014 | Tobias Buck – Financial Times Español

En el debate acerca de las dos visiones para España, el riesgo de una ruptura política sigue aumentando.

Si hay una cosa en que la izquierda y la derecha españolas están de acuerdo, es que la transición del país de la dictadura a la democracia a finales de la década de 1970 fue un triunfo político singular.

En los años posteriores a la muerte de Francisco Franco, los dos bandos dejaron a un lado su amarga e histórica enemistad y forjaron un pacto notable. En lugar de resistirse al cambio democrático, los ex dirigentes franquistas se reinventaron a sí mismos como el nuevo partido de centro-derecha del país. La izquierda española, por su parte, se comprometió a no perseguir a los ex funcionarios del régimen por los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco.

No hubo (casi) ningún derramamiento de sangre, ninguna venganza, ni siquiera una comisión para la reconciliación y la verdad. La estabilidad lo era todo y se convirtió en el sello distintivo de la nueva constitución democrática del país, y la base de una ley fundamental de amnistía de 1977. Desesperados por no volver a despertar los fantasmas de la sangrienta guerra civil española, los líderes de todas las facciones decidieron enfocarse en el brillante futuro de la nación en lugar de su oscuro pasado.

Desde prácticamente todos los puntos de vista, la transición ha sido un gran éxito: le abrió el camino a España para unirse a la UE y emerger como un estado moderno, próspero y democrático. Casi todos los españoles de una cierta edad recuerdan “la transición” con cariño y orgullo cívico.

En los últimos meses, sin embargo, ese consenso ha sido víctima de críticas como nunca antes. La transición de España no sólo ha vuelto al centro del debate político, sino que en algunos sectores también se ha convertido casi en una grosería.

“La transición terminó hace algún tiempo, pero el debate sobre su legado está más vivo que nunca”, dijo el periódico El País el fin de semana. Ese debate, agregó el diario, es entre “los que culpan a (la transición) por los males actuales del sistema, y quienes la defienden como un proceso que garantizó la transición pacífica de la dictadura a la democracia”.

Liderando el ataque está Podemos, un nuevo partido “anti-sistema”. El movimiento hace campaña abiertamente contra el “régimen de transición”, el cual Podemos dice ha cargado a España con un sistema partidista profundamente corrupto que impregna todos los niveles del Estado y de la economía. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, habla de la necesidad de romper los “candados de la transición” y barrer con la “casta política” creados por el antiguo régimen.

Éste está demostrando ser un mensaje sorprendentemente popular: las encuestas sugieren que Podemos está compitiendo con el gobernante Partido Popular y la oposición socialista para convertirse en el mayor movimiento político en España.

Los viejos acuerdos políticos también están en el centro de las punzantes críticas en Cataluña, una de las regiones más prósperas de España. Un número creciente de catalanes quiere la independencia, un movimiento que golpeará el corazón de la constitución. En un eco de la tesis defendida por Podemos, líderes independentistas denuncian el estatus quo constitucional de España como demasiado rígido y anti-democrático. Ellos preguntan: ¿Qué es más importante, la constitución o nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro?

El aumento de la hostilidad ante el orden postfranquista está obviamente ligado a la crisis económica. Años de dificultades financieras y el aumento del desempleo, conjuntamente a una serie de casos de corrupción de alto nivel, le han quitado el brillo a la mayoría de las instituciones españolas. La confianza en los partidos y los políticos se ha venido abajo.

Pero el estado de ánimo actual también le debe mucho al cambio generacional. Los españoles que recuerdan la transición se están retirando paulatinamente. Sus hijos e hijas se sienten menos obligados a cumplir los pactos acordados en ese momento. Es más, han perdido ese temor a la inestabilidad política que marcó la generación de la transición. ¿De qué sirve, se preguntan, la estabilidad de un sistema político bipartidista cuando los dos grandes partidos parecen incapaces de resolver los problemas del país? ¿Por qué darles tanto poder a los partidos políticos cuando la serie de escándalos de corrupción parece no tener fin?

Es un debate, ultimadamente, acerca de dos diferentes visiones de lo que España debe ser. Un bando ve a un país que lucha con problemas económicos y políticos que se pueden corregir dentro de los parámetros operativos del sistema. Sus opositores ven un orden político y económico tan profundamente defectuoso que no requiere reformas, sino un nuevo comienzo. Es un choque de visiones que probablemente crecerá en intensidad en el periodo previo a las elecciones generales del próximo año. Cuatro décadas después de la transición aparentemente suave de España a la democracia, el riesgo de ruptura política está creciendo.

Spain’s lauded transition to democracy under fire

12/08/2014 | Tobias Buck – Financial Times English

In the debate about two visions of Spain, the risk of political rupture is growing.

If there is one thing that the Spanish left and right can agree on, it is this: that the country’s transition from dictatorship to democracy in the late 1970s was a singular political triumph.

In the years after the death of Francisco Franco, the two camps put aside their bitter historical enmity to forge a remarkable pact. Rather than resist democratic change, former Francoist leaders reinvented themselves as the country’s new centre-right. The Spanish left, meanwhile, promised not to pursue former regime officials for the crimes committed under the Franco dictatorship.

There would be (almost) no bloodshed, no revenge, not even a truth and reconciliation commission. Stability was everything. It became the hallmark of the country’s new democratic constitution, and the underpinning of a crucial 1977 amnesty law. Desperate not to reawaken the ghosts of Spain’s bloody civil war, leaders from all sides decided to fix their eyes on the nation’s bright future rather than its dark past.

By most standards, the transition has been a great success: it paved the way for Spain to join the EU and emerge as a modern, prosperous and democratic state. Almost all Spaniards of a certain age remember la transición with both affection and civic pride.

In recent months, however, that consensus has been criticised as never before. Spain’s transition has not just returned to the heart of the political debate, it has become in some quarters almost a dirty word.

“The transition finished some time ago, but the debate over its legacy is more alive than ever,” El País said at the weekend. That debate, the daily newspaper added, is between “those who blame (the transition) for the current ills of the system, and those who defend it as a process that guaranteed the peaceful transition from dictatorship to democracy”.

Leading the charge is Podemos, a new anti-establishment party. The movement campaigns openly against the “transition regime”, which Podemos says has saddled Spain with a deeply corrupt party system that pervades all levels of the state and the economy. Pablo Iglesias, the Podemos leader, speaks of the need to shatter the “padlocks of the transition” and sweep away the “political caste” created by the old regime.

It is proving a strikingly popular message: polls suggest Podemos is now vying with the ruling Popular party and the opposition Socialists to become the biggest political movement in Spain.

The old political accords are also at the centre of searing criticism in Catalonia, one of Spain’s largest and most prosperous regions. A growing number of Catalans want independence, a move that would strike at the heart of the constitution. In an echo of the argument put forward by Podemos, independence leaders decry Spain’s constitutional status quo as too rigid and anti-democratic. What is more important, they ask, the constitution or our right to decide our own future?

The surge in hostility towards the post-Franco order is obviously linked to the economic crisis. Years of financial hardship and rising unemployment, coupled with a string of high-profile corruption cases, have taken the shine off most of Spain’s institutions. Trust in parties and politicians has plummeted.

But the mood also owes much to generational change. Spaniards who remember the transition are gradually retiring. Their sons and daughters feel less bound by the compacts struck at the time. What is more, they have lost the pervasive fear of political instability that marked the generation of the transition. What good, they ask, is the stability of a two-party political system when both big parties seem unable to solve the country’s problems? Why give so much power to political parties when the series of corruption scandals seems to find no end?

It is a debate, ultimately, about two different visions of Spain. One side sees a country struggling with economic and political problems, but problems that are fixable within the system. Their opponents see a political and economic order so profoundly flawed that it requires not more reform, but a new beginning. It is a clash of visions that is likely to grow more intense in the run-up to a general election next year. Four decades after Spain’s seemingly smooth transition to democracy, the risk of political rupture is growing.

Copyright &copy “The Financial Times Limited“.
“FT” and “Financial Times” are trade marks of “The Financial Times Limited”.
Translation for Finanzas para Mortales with the authorization of “Financial Times”.
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