Los inminentes retos económicos del nuevo Gobierno

Rajoy juraba su cargo como presidente del Gobierno el pasado 31 de octubre. Aunque su recién estrenado equipo ha traído algunas caras nuevas (Fomento, Interior, Asuntos Exteriores, Sanidad y Energía, Turismo y Agenda Digital), en materia económica, el presidente ha optado por la continuidad, manteniendo los equipos de Guindos (Economía e Industria), Montoro (Hacienda) y Báñez (Empleo y Seguridad Social).

Es precisamente este trío quien tendrá que lidiar con los problemas más acuciantes del país en los próximos meses: equilibrar las exigencias económicas de Bruselas con los acuerdos parlamentarios que permitan aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que cuentan con dos tendones de Aquiles: el sistema de pensiones y el modelo de financiación autonómico.

El nuevo Ejecutivo acaba de cumplir su primera tarea: a cuatro días de expirar el plazo, enviaba su Plan Presupuestario 2017 a Bruselas el sábado 12 de noviembre, en el que se confirma la peor de las sospechas: la Seguridad Social registrará un déficit del 1,7% del PIB frente al 1,1% exigido por la Comisión Europea, lo que supone la mayor desviación de su historia, 19.000 millones de euros.

¿Y de dónde sacará el nuevo Gobierno ese dinero para cuadrar números y cumplir objetivos? Pues, una vez más, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada Hucha de las pensiones, que se quedará en algo más de 13.500 millones de euros a final de este año. La cifra no alcanzará para pagar las pagas extras de diciembre de 2017 que se calculan en 16.000 millones de euros.

La previsión de que el Fondo presente números rojos el próximo año, obliga al nuevo Gobierno a revisar el sistema de pensiones y, como solución, propone financiar las no contributivas (viudedad y orfandad) mediante impuestos. Algunos expertos han señalado otras opciones como bajar las pensiones, permitir trabajos a tiempo parcial a los jubilados o alargar la vida laboral).

La Hucha de las pensiones alcanzó su cifra más alta, 66.815 millones de euros, en 2011. Para paliar los efectos de la crisis, el Gobierno del PP ha tenido que recurrir a ella en varias ocasiones hasta vaciarla en un 80%. Pero el problema real no es que cada vez haya más jubilados con pensiones más altas, ni que nazcan menos niños, futuros trabajadores; el problema real es el empleo: si hubiera más trabajo, habría más cotizaciones. Y a esto se enfrenta la ministra Fátima Báñez, cuyo principal reto es, sin duda, reducir el paro. España cuenta con la vergonzosa tasa, una de las más altas de Europa, de un 19%. Es decir, más de 4 millones de españoles que forman parte de la población activa, no trabaja. Triplicamos, y cuadruplicamos, las tasas de otros países europeos como Alemania o Francia. Sin duda, algo estamos haciendo rematadamente mal. La cartera de Empleo y Seguridad Social debe conseguir una verdadera reforma laboral que permita recuperar los trabajos perdidos por la crisis y crear nuevos puestos de calidad (estables, bien pagados, que valoren la formación y sean conciliadores).

Otro gran reto del nuevo Ejecutivo es conseguir apoyos para aprobar las Presupuestos Generales del Estado para 2017, retrasado por los diez meses de Gobierno en funciones. La llave está en Ciudadanos con quien ya se está negociando tras la negativa del PSOE.

Antes, Cristóbal Montoro tiene que dar a conocer, y negociar, el techo de gasto público, anunciado para estos días y que tendrá que garantizar el objetivo de déficit que Bruselas nos impone para 2017: un 3,1% del PIB frente al 3,6% previsto por el Gobierno en la prórroga de los presupuestos del año actual, lo que obliga a ahorrar unos 5.500 millones de euros. Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos gestionan la mitad del gasto público (la otra mitad corre a cargo de la Seguridad Social, 30%, y la Administración Central, sólo un 20%) y llevan meses esperando conocer los datos para poder elaborar sus propios presupuestos.

En estos días, pues, conoceremos el techo de gasto y, antes de que finalice noviembre, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que deberán ser sometidos a las enmiendas del Congreso, después del Senado y vuelta al Pleno del Congreso. En total, nos esperan dos largos meses de negociaciones e incertidumbres. En el caso de ser aprobados, los presupuestos entrarían en vigor hacia el mes de febrero. Rajoy, que prioriza el cumplimiento de los objetivos impuestos por Bruselas, ya ha anunciado que convocará nuevas elecciones si no consigue los apoyos necesarios.

Autora: Elvira Calvo (17 de noviembre de 2016)

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