Ana Isabel Fernández. Catedrática de Economía Financiera. CUNEF.
La OCDE define la educación financiera en términos de “El proceso por el que los inversores y consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos y, a través de la información, la enseñanza y/o asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar financiero”.
Desde hace unos años se vienen desarrollando, fundamentalmente de la mano de los reguladores y supervisores financieros así como en diversos ámbitos institucionales, diversas iniciativas en el ámbito de la educación financiera que cobran actualidad a la luz de las principales enseñanzas de la reciente crisis financiera, que evidenciaron una falta de transparencia y de responsabilidad en los mercados y los inversores, junto a un creciente incremento de los niveles de desconfianza en el sistema financiero. El objetivo de tales iniciativas no es otro que contribuir al aumento de la cultura financiera, con beneficios significativos para los ciudadanos, usuarios actuales o potenciales de productos y servicios financieros.
Y es que en efecto, una adecuada cultura financiera ayuda a los individuos y a las familias a aprovechar mejor las oportunidades, a conseguir sus objetivos y a contribuir a una mayor salud financiera de la sociedad en su conjunto. Además la reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto algunas situaciones que posiblemente se hubieran podido mitigar mediante una mejor información y conocimiento financiero de los individuos. Es posible identificar cuatro objetivos básicos asociados a la mejora de los niveles de educación financiera:
1. Importancia y complejidad creciente de las finanzas
2. Necesidad de reducir la exclusión financiera
3. Complemento necesario de la regulación
4. Mecanismo para reforzar la confianza en las instituciones y en los mercados financieros, especialmente tras la crisis financiera
La tarea de administrar y distribuir los recursos financieros de los individuos y de los hogares de forma adecuada es cada vez más compleja y las aptitudes y conocimientos necesarios son mayores que en generaciones anteriores. Los inversores se enfrentan a un amplio abanico de opciones, con una gran variedad de instrumentos financieros, algunos muy complejos, para ahorrar o financiarse.
Al mismo tiempo la ampliación y profundidad de los mercados financieros, debido a la aparición de nuevos productos, agentes y canales de distribución, han aumentado las posibilidades de elección de los agentes económicos y una mejor satisfacción de sus necesidades financieras, pero, también genera la necesidad de un mayor seguimiento de los procesos de innovación financiera por parte de reguladores y supervisores.
Además, la crisis ha puesto de manifiesto como las actuaciones de los reguladores en el ámbito del sistema financiero tienen implicaciones relevantes sobre la estabilidad financiera y en consecuencia sobre la incidencia y la resolución de las crisis sistémicas.
Por un lado la crisis ha tenido un importante componente de falta de transparencia, que ha provocado la desconfianza de los agentes en el funcionamiento de los mercados financieros y la escasez de financiación en los mercados. La transparencia es una condición necesaria pero puede no ser suficiente para preservar y garantizar las condiciones de buen funcionamiento del mercado.
Son necesarias otras intervenciones como el diseño de los instrumentos apropiados para la medida y gestión de riesgos, los requerimientos de organización interna de los intervinientes en el mercado, las reglas de conducta y sobre todo el complemento necesario de tales actuaciones es una mejora en los niveles de formación de los usuarios y agentes participantes en las decisiones, a los que debe exigirse una formación continua y el cumplimiento de un código ético.
Se plantea, por tanto, una vez más la necesidad de reforzar los niveles de educación financiera, pues el esfuerzo regulador y supervisor podría ver reducido su valor añadido si esta información no se comprende y procesa adecuadamente por parte de sus destinatarios. Y ello en el entendimiento de que el dinamismo de los mercados requiere de una atención constante por parte de supervisores y reguladores porque las condiciones de acceso y de asignación de capital dependen de los incentivos y habilidades de los agentes y en la medida que los mercados de capitales cambian en términos de estructura, participantes, estrategias de inversión y prácticas de negociación, así lo hacen las condiciones para el adecuado funcionamiento de los mercados.
De ahí que resulte necesario complementar las iniciativas tendentes a que la información llegue hasta el inversor con políticas de mejora de los conocimientos financieros de la población. De esta forma se facilita que los individuos asuman la responsabilidad de sus decisiones y defienden sus derechos como consumidores financieros. En última instancia, el aumento de la educación financiera permite que los ahorradores puedan tomar decisiones mejor fundadas en relación con estos servicios, proteger mejor su patrimonio y alcanzar sus objetivos individuales o familiares.
