¿Por qué apostar por las energías renovables?

Que el precio de la electricidad no para de subir y que el carbón y el petróleo se agotarán un día no muy lejano, lo tenemos claro. Que debemos apostar por energías alternativas y ecológicas, como las procedentes del viento o del sol, también. Por eso, para 2030, la Unión Europea quiere que el 32% de la energía que consumamos proceda de fuentes renovables, siguiendo el Acuerdo de París contra el cambio climático firmado en 2016. Entonces, ¿por qué tantos vaivenes con este tema en España?

Cada Estado miembro de la UE fija su propio objetivo, para el que se tienen en cuenta los diferentes puntos de partida de cada país, el potencial de energía renovable y su rendimiento económico. A día de hoy, menos de la mitad de los 28 países parecen superar la expectativa. No deja de ser curioso que Reino Unido, un país con más lluvia que sol, produzca 70 veces más energía fotovoltaica, solar, que España.

Actualmente, la media continental en producción de energías renovables está en el 17% aunque en algunos países como Suecia ya supera el 50%, por delante de Finlandia (38,7%), Letonia (37,2%), Austria (33,5%) y Dinamarca (32,2%). En el lado opuesto se encuentran Luxemburgo (5,4%), Malta y los Países Bajos (ambos 6%). España (17,3%) ocupa el puesto número 14, apenas superando la media europea.

Si en 2008, España era el segundo país europeo en instalación de paneles fotovoltaicos, en 2015 pasamos a estar en la cola. La culpa: el fin de las ayudas y subvenciones a las empresas instaladoras y el famoso “impuesto al sol”, una medida que “castigaba” o dificultaba la auto-generación de energía alternativa a particulares y que fue motivo de mofa en todo el mundo civilizado. Toda una contradicción que se justificó por la merma de ingresos vía impuestos (se dejarían de recaudar 163 millones de euros anuales) y el incremento del déficit de tarifa, “algo impensable” en plena recuperación económica.

En la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy se produjeron discrepancias entre el ministerio de Medio Ambiente, más concienciado sobre la lucha contra el cambio climático, y el ministerio de Energía, que incluso intentó legislar para impedir el cierre de las centrales eléctricas de carbón, cuando en otros países como Reino Unido, Francia, Italia o Portugal están siendo cerradas. Ese enfrentamiento impidió, entre otras cosas, un borrador de ley contra el cambio climático que, prácticamente, tienen ya todos los estados europeos.

Para paliar esas deficiencias, una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha sido la creación del ministerio de Transición Ecológica -del que dependen las secretarías de Energía y Medio Ambiente- encargado de aumentar los objetivos en materia de renovables de acuerdo a la Unión Europea. Una de las primeras medidas importantes se ha tomado el pasado 5 de octubre cuando el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas contra la pobreza energética que, entre otras cosas, deroga el “impuesto al sol” por autoconsumo eléctrico. Actualmente, en España se autogeneran 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW provienen de instalaciones de fuentes de energía renovables (biogás y energía solar). Apenas lo disfrutan mil consumidores, frente al millón de alemanes. Junto a Polonia, ocupamos los puestos más bajos de la tabla europea.

Pero ¿por qué deberíamos apostar por las renovables? La Unión Europea lo explica bien claro: son alternativas más baratas y respetuosas con el planeta, contribuyen a reducir las necesidades de la red eléctrica, generan mayor independencia energética, permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, además, crean empleo.

Así pues, España tiene un importante reto en esta materia. Según el nuevo ministerio, necesitamos una ley de cambio climático que fije los objetivos para la reducción de emisiones, marque sendas de descarbonización a largo plazo, impulse la publicación de informes periódicos del Banco de España sobre los riesgos y fortalezas de la economía frente al cambio climático y exija a las empresas cotizadas la evaluación de riesgo climático y de carbono. En el terreno particular, es presumible una apuesta por la movilidad sostenible a partir del transporte público y del vehículo eléctrico, o la retirada paulatina del uso de plásticos que tanto dañan el ecosistema marino.

Ante este panorama, cabe preguntarse por el futuro del carbón y las centrales nucleares, o la producción de biodiésel a partir de aceite de palma. Reino Unido, Francia o Italia ya tienen fecha de cierre para las térmicas de carbón (muy contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero): 2030. No es una novedad y los expertos llevan años diciéndolo: el carbón español es caro y de mala calidad, pero el sector ha vivido durante años gracias a las subvenciones. El 90% del usado en las centrales españolas es importado de Indonesia, Sudáfrica, Colombia o Rusia entre otros países. Enfrentarse al inminente cierre de la minería en zonas de Asturias o León va a traer más de un quebradero de cabeza.

Respecto a las centrales nucleares, Europa está por la labor de cerrar aquellas que cumplan 40 años de existencia, como están a punto de cumplir las cinco que componen el parque español. En los próximos meses, el nuevo gobierno tendrá que ponerse de acuerdo con los partidos políticos para poner fecha de caducidad: 40 años como propone la UE ó llegar hasta los 50 que defiende el PP.

En cuanto al biodiésel a partir de aceite de palma, España e Italia son los mayores productores de este biocarburante. Muchas organizaciones ecologistas ya han solicitado el cese de su producción porque, aunque la materia prima, el aceite de palma, es importada, los problemas que acarrea la deforestación en los países de origen son terribles.

Autora: Elvira Calvo (16 octubre 2018)

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