¿Quién paga los daños de un desastre natural?

Mientras Mallorca trata de recuperar la normalidad tras la catástrofe provocada por las últimas lluvias torrenciales de primeros de octubre -la peor que ha sufrido la isla en los últimos 25 años-, la maquinaria burocrática para el cobro de las indemnizaciones ya se ha puesto en marcha. A la irrecuperable pérdida de 13 vidas humanas, se añaden ahora los desperfectos originados por el agua en viviendas, comercios, instalaciones, infraestructuras y vehículos.

Ante este panorama desolador de quien ha perdido tanto, podemos encontrarnos dos escenarios posibles: la de aquellos afectados que, contando con un seguro, comprueban con estupor que sus pólizas no incluyen la cobertura de siniestros provocados por desastres naturales; o, el peor, la de aquéllos que ni siquiera tenían contratado un seguro.

¿Qué hacer en ambos casos? Los primeros, los que cuentan con seguros sin cobertura para desastres naturales, pueden recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un organismo con fines sociales dependiente del Ministerio de Economía pero independiente de cualquier presupuesto público. Esto significa que cuenta con patrimonio propio: sus fondos provienen de pequeños recargos solidarios que las compañías cobran en las pólizas de seguro privadas para cubrir, precisamente, las indemnizaciones provocadas por grandes catástrofes.

Los trámites para reclamar al CCS son sencillos y suelen realizarlos las propias compañías de seguros de los clientes. Basta una llamada telefónica o una inscripción en su página web para quedar registrado como afectado. Después, serán sus peritos los que tasan los daños antes de ofrecer las indemnizaciones correspondientes. En muchos casos, son las propias aseguradoras las que adelantan las indemnizaciones. En 2017, el Consorcio destinó 282,5 millones de euros a indemnizaciones por siniestros en ese año, cuando se produjeron muchos temporales, tormentas e inundaciones, pero también los atentados yihadistas de Londres, en el que perdió la vida el español Ignacio Echevarría, y los ataques en Barcelona y Cambrils (Tarragona) donde fallecieron 14 personas.

El segundo de los escenarios propuesto es el de los afectados que no tienen contratado ningún tipo de seguro. En ese caso, no queda más remedio que esperar a la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno y esperar a las subvenciones y ayudas públicas, además de moratorias en la amortización de préstamos o créditos extraordinarios bajo condiciones más ventajosas. A través de la creación de una oficina de atención a los afectados, también los Ayuntamientos, las Comunidades o la Delegación del Gobierno suele cooperar. La declaración de zona catastrófica, regulada en un decreto-ley de marzo de 1981, determina los criterios a tener en cuenta: gravedad de la catástrofe, población afectada, cantidad de daños, valoración económica y consecuencias sociales son algunos de ellos.

Así ha sido en el caso de Mallorca, una vez hecho el recuento inicial de daños (300 viviendas y casi 200 kms de carreteras dañados así como la retirada de casi 5.000 toneladas de escombros y residuos). A la semana del trágico suceso, el Consejo de Ministros acordó la declaración de “zona afectada por emergencia de Protección Civil” a las localidades más dañadas, como Sant Llorenç de Cardassar, situada entre tres ríos que, al desbordarse, devastaron el municipio. En ese mismo Consejo de Ministros se precisó que se tramitarán ayudas económicas exentas del pago del IRPF y se tramitarán con carácter de urgencia las obras para reparar las infraestructuras, subvencionadas hasta en un 50%.

Las inundaciones por lluvias torrenciales y desbordamientos de ríos son un tipo de desastre natural, frecuentes en algunas zonas asiáticas. En España, los desastres naturales más devastadores han sido provocados por las intensas lluvias que acompañan a una gota fría. En 1982, una de ellas provocó la rotura de la presa de Tous. Se generaron más de 9.000 reclamaciones y las indemnizaciones alcanzaron un valor superior a los 217,7 millones de euros. También una gota fría asoló el norte de España, sobre todo Cantabria, País Vasco y Navarra, en 1983: hubo más de 25.500 reclamaciones y el CCS destinó 807,7 millones de euros a indemnizaciones. En 2009, la tragedia se repitió en el norte, desde Galicia hasta Francia, esta vez en forma de ciclón: Klaus provocó la muerte de 12 personas, se atendieron más de 265.000 expedientes y se desembolsaron más de 540 millones de euros, la indemnización mas cara de los últimos 40 años.

Y aún tenemos muy presente el terremoto de Lorca en mayo de 2011, que produjo la apertura de más de 28.000 reclamaciones y el pago de 503,5 millones de euros en indemnizaciones. Aún hoy, algunos afectados que cobraron las ayudas están siendo requeridos por la administración regional para que las devuelvan por no haber cumplido algunos requisitos, como la presentación de facturas. Algunos, incluso, están siendo objeto de embargo. Desde hace meses, la plataforma formada por más de 500 familias mantiene encierros en el ayuntamiento demandando el cierre de los expedientes.

Autora: Elvira Calvo (29 octubre 2018)

¿Te ha resultado interesante? ¡Compártelo!