Ramón Santillán González

Ramón Santillán y González nació en Lerma, provincia de Burgos, en 1791. Su padre, Francisco Santillán, era escribano e intervino, de modo muy activo, en el levantamiento contra los franceses, en 1808, llegando a ser presidente de la Junta local y después alcalde constitucional de Lerma. Ramón Santillán se había trasladado en 1805 a Valladolid para estudiar Leyes en aquella Universidad, pero cuando ya tenía avanzados dichos estudios, en 1808, hubo de interrumpirlos al estallar la guerra de Independencia. En 1809 se alistó en la guerrilla del cura Merino. Intervino en numerosas acciones de guerra, en Castilla y Extremadura, ascendiendo en 1810 a teniente y en 1812 a capitán de caballería.
En 1814, finalizada la guerra, permaneció en el Ejército, que abandonó en 1825. Una persona que influyó de manera decisiva en el futuro destino de Santillán fue su tío político, José López Juana y Pinilla, considerado como el mejor experto de la Hacienda española de finales del Antiguo Régimen. No sólo la influencia de aquel fue determinante para que su joven pariente encontrara acomodo en las oficinas del Ministerio de Hacienda, sino que la lectura de sus obras le resultaron decisivas para el conocimiento del sistema tributario y de la práctica de la administración fiscal. En 1829, Santillán fue designado contador de la provincia de Madrid. Enfrentado con Mendizábal por la publicación, en 1837, de un folleto crítico con la Memoria de Hacienda que aquel había presentado a las Cortes, Santillán dejó ese mismo año su empleo en el Ministerio y concurrió a las elecciones a diputado, saliendo elegido por la circunscripción de Burgos.
A partir de la llegada de los moderados al poder, en 1837, simultaneó Santillán su labor parlamentaria con los puestos en la alta administración. En 1840, por vez primera, fue nombrado ministro de Hacienda en un breve mandato, al que siguió un segundo en 1847. Quizá fuera más decisiva aún su intervención, cuando fue Ministro Alejandro Mon entre 1844 y 1846. En esa etapa, Santillán preparó la reforma fiscal de 1845, siendo su participación decisiva en el diseño del nuevo sistema impositivo, el primero acorde en España con el modelo político liberal, que perviviría, en sus rasgos fundamentales, hasta 1900. Se inspiraba en el modelo tributario francés, basado en la fiscalidad general y directa sobre los productos de las actividades agraria, industrial y comercial, compaginándola con gravámenes indirectos, tanto sobre el tráfico interior como sobre el exterior. Santillán dejó por escrito sus reflexiones sobre estas materias en la Memoria Histórica de las reformas hechas en el sistema general de impuestos de España y de su administración desde 1845. Dicha obra fue publicada póstumamente, al igual que sus Memorias personales y la Memoria Histórica sobre los bancos, sus tres contribuciones principales al conocimiento del sistema financiero español de mediados del siglo XIX.
Otra aportación fundamental de Santillán a las finanzas públicas españolas realizada fue el asesoramiento técnico prestado a Juan Bravo Murillo en la etapa de este como responsable de Hacienda, entre 1849 y 1852, sobre todo en la preparación de la Ley de Contabilidad del Estado y en la renovación de la administración del Ministerio, a nivel nacional y provincial. Precisamente fue Bravo Murillo quien le designó primer gobernador del Banco Español de San Fernando, resultante de la fusión de los dos anteriores bancos emisores de Madrid, el Español de San Fernando y el de Isabel II, fundado en 1844 por iniciativa del financiero José Salamanca, y que el propio Santillán había ordenado, a raíz de la crisis de 1847, cuando quedaron de manifiesto los graves problemas que aquejaban a ambas entidades.
Santillán emprendió de forma inmediata la reorganización y saneamiento del Banco de San Fernando y preparó el contenido de una nueva ley bancaria, la de 15 de diciembre de 1851. Asimismo procedió a la formación de un balance, clasificando las diferentes partidas del activo según su liquidez y seguridad. En un segundo momento, se activó la renegociación de algunos de los préstamos en suspenso, pactando nuevas garantías y condiciones de pago con los deudores, entre los que sobresalía Salamanca, sin renunciar, en algunos casos, a la vía judicial. En tercer lugar, se congelaron los dividendos anuales en el 6 % por tiempo indefinido, a la vez que se trasvasaban los restantes beneficios a la amortización de créditos incobrables. Por último, se unificó la gestión interna del banco y se ordenó la publicación periódica de los balances del San Fernando.
Sin embargo, la gestión de Santillán se encontró con dificultades. Una de las más graves fue el enfrentamiento con el ministro que lo había nombrado, Bravo Murillo, quien quería, a toda costa, que el banco respaldara las operaciones de crédito a corto plazo del Tesoro, además de las anticipaciones que aquel le concedía. La oposición inflexible, por parte de Santillán, hizo que aprobara el ministro la apertura de la Caja General de depósitos, a imagen y semejanza de un organismo existente en Francia, encargado de recibir los depósitos judiciales y obligatorios, además de otros voluntarios y remunerados, a cambio de abrir una línea continua de crédito a corto plazo a favor del Tesoro. Tampoco fueron fáciles las relaciones de Santillán con los Ministros de Hacienda al final de la década moderada, en 1853 y 1854. En 1854, a consecuencia de uno de tales enfrentamientos, se produjo la salida de Santillán del banco, junto con la de uno de los subgobernadores.
Tras la revolución liberal de 1854, Santillán fue llamado a reintegrarse al puesto de gobernador. Las relaciones de Santillán con los ministros del Bienio progresista fueron fluidas y carentes de sobresaltos. Aunque el banco mantuvo de modo invariable el criterio de contar con garantías suficientemente sólidas en las anticipaciones al Tesoro y en la cobertura metálica de los pasivos propios, el crédito abierto al Gobierno aumentó en ese tiempo. Sólo hubo una cuestión que suscitó la inquietud del gobernador y de los accionistas: la referente a la existencia de otros bancos emisores en la nación.
No se había modificado, desde 1847, la situación casi monopolista del Banco de San Fernando. En realidad, Santillán quería que su influencia se hiciera efectiva en todo el territorio nacional mediante la apertura de sucursales en las capitales de provincia y principales centros mercantiles. Sin embargo, en alguna habían aparecido ya grupos de comerciantes y empresarios industriales que solicitaban permiso al Gobierno para abrir sus propias sociedades emisoras. A raíz del triunfo de la revolución de 1854, los partidarios de la libertad de emisión creyeron contar con más facilidades políticas y legales para llevar a cabo sus proyectos.
Santillán redobló sus esfuerzos, en defensa de las aspiraciones expansionistas del instituto emisor madrileño. En 1856, se trató de conciliar las aspiraciones del Banco de San Fernando con las de los partidarios de entidades emisoras independientes, mediante un proyecto de ley en que se permitiera a aquel, con la denominación de Banco de España, la prioridad de abrir sucursales en las nueve poblaciones con mayor actividad comercial de la nación, además de Madrid, Barcelona y Cádiz, ciudades estas últimas que contaban con entidades emisoras propias desde 1844 y 1847 respectivamente.
Cuando el correspondiente proyecto de ley era discutido en las Cortes, fue presentada y aprobada una enmienda por la cual podrían establecerse emisores particulares, de forma casi inmediata. Así ocurrió tras la aprobarse la Ley, el 28 de enero de 1856. Entre dicho año y 1858 fueron creados siete bancos emisores locales, llegando sólo el Banco de España a establecer sus primeras sucursales sólo en Valencia y Alicante. Por ese mismo tiempo fueron autorizadas las sociedades de crédito, es decir, bancos en forma de sociedad anónima sin capacidad para emitir billetes, dedicadas con preferencia a facilitar crédito a corto y largo plazo y a canalizar inversiones industriales y ferroviarias.
Entre 1856 y 1863, año de la muerte del gobernador Santillán, el Banco de España repartió dividendos del 10 % al 25%, del nominal de las acciones. En consonancia con estos beneficios distribuidos, la cotización de los títulos del banco, por debajo de la paridad en 1849, alcanzó el 220% a finales de 1862. Deben atribuirse estos buenos resultados del Banco de España, tanto a la privilegiada relación con el Gobierno, como a los servicios que aquel prestaba al sector privado de la economía, aun permaneciendo reducida su actuación a Madrid y a sus dos sucursales.

 
Pedro Tedde de Lorca (Banco de España) y miembro de la Asociación Española de Historia Económica.

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